Ley de Mejora de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (eBook)

Mejorar el cumplimiento y la seguridad en la era de las finanzas digitales

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
281 Seiten
Mil Millones De Conocimientos [Spanish] (Verlag)
978-0-00-078516-9 (ISBN)

Infos

Ley de Mejora contra el Lavado de Dinero-Este capítulo explora los fundamentos de las regulaciones contra el lavado de dinero (ALD), su evolución y su papel crucial en la lucha contra los delitos financieros en el mercado de las criptomonedas.

Cajeros automáticos de Bitcoin-Una visión general de los cajeros automáticos de Bitcoin y su impacto tanto en el mercado de las criptomonedas como en las medidas contra el lavado de dinero. Este capítulo analiza sus vulnerabilidades y las respuestas regulatorias.

Subtítulo B del Título III de la Ley Patriota-Este capítulo profundiza en el marco legal establecido por el Subtítulo B de la Ley Patriota, explicando su importancia para mejorar las prácticas de prevención del blanqueo de capitales y el papel de las criptomonedas.

Moneda virtual-Un análisis exhaustivo de las monedas virtuales, detallando su auge, sus desafíos y cómo interactúan con las regulaciones contra el blanqueo de capitales, destacando su uso en actividades ilícitas.

Prevención del blanqueo de capitales-Un análisis profundo de los principios clave de las estrategias contra el blanqueo de capitales, con especial atención a su aplicación a las monedas virtuales y la lucha continua por regularlas eficazmente.

Título III de la Ley Patriota-Este capítulo analiza el Título III de la Ley Patriota y su influencia en la prevención de delitos financieros, especialmente en el ámbito de las transacciones con criptomonedas.

Lone Star National Bank-Un estudio de caso sobre la participación de Lone Star National Bank en prácticas contra el blanqueo de capitales, que arroja luz sobre los desafíos reales y los requisitos de cumplimiento para las instituciones financieras.

Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones-Introducción al Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), su papel en la lucha contra el blanqueo de capitales y su influencia en la regulación global de las criptomonedas.

Ley de Secreto Bancario-Análisis detallado de la Ley de Secreto Bancario, su importancia en la lucha contra el blanqueo de capitales y su aplicación en la industria de las criptomonedas.

Informe de transacciones de divisas-Este capítulo explica el propósito y la importancia de los informes de transacciones de divisas en el sistema financiero, centrándose en cómo ayudan a detectar actividades sospechosas relacionadas con las transacciones de criptomonedas.

TD Bank (Estados Unidos)-Análisis del papel de TD Bank en las prácticas de lucha contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos, destacando cómo las instituciones bancarias se están adaptando a la era de las criptomonedas.

Blanqueo de capitales-Panorama completo del proceso de blanqueo de capitales, sus diversos métodos y cómo las criptomonedas se han convertido en una vía para transacciones ilícitas y los desafíos que presentan.

BitMEX-Un estudio de caso sobre BitMEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, que explora su historia y los problemas regulatorios que rodean sus operaciones en términos de cumplimiento de la AML.

Red de Control de Delitos Financieros-Este capítulo ofrece un análisis a fondo de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sus funciones y su papel fundamental en la aplicación de las leyes AML en el sector de las criptomonedas.

Mezclador de criptomonedas-Se centra en los mezcladores de criptomonedas, explicando cómo se utilizan para ocultar los rastros de las transacciones y sus implicaciones en el panorama de la AML.

Ley de monedas virtuales en Estados Unidos-Este capítulo analiza el marco legal de las monedas virtuales en Estados Unidos, incluyendo los avances regulatorios y los desafíos que enfrentan los legisladores.

Textauszug

Capítulo 3 :Subtítulo B del Título III de la Ley Patriota

A raíz de los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, el Congreso de los Estados Unidos tomó la decisión de aprobar la Ley Patriota de los Estados Unidos en el año 2001. El tercer título, que se titula "Título III: Ley Internacional de Reducción del Lavado de Dinero y Antiterrorismo Financiero de 2001", fue escrito con la intención de prevenir, detectar y enjuiciar el lavado de dinero internacional y el financiamiento del terrorismo. Es uno de los diez títulos.

Los subtítulos se dividen en tres secciones dentro del propio Título III. La Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) se modifica ampliamente en el segundo subtítulo, que se denomina Subtítulo B: Enmiendas a la Ley de Secreto Bancario y Mejoras Relacionadas. El propósito de estas enmiendas es dificultar la operación de los lavadores de dinero y facilitar que las agencias reguladoras y de aplicación de la ley monitoreen e investiguen las operaciones de lavado de dinero. Se introdujo una enmienda a la BSA que permitió que el funcionario o organismo designado que recibe denuncias de transacciones sospechosas alertara a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. También aborda cuestiones relacionadas con el mantenimiento de registros y la presentación de informes, facilitando la presentación de informes sobre transacciones sospechosas; al imponer a las instituciones financieras el requisito de informar sobre las transacciones sospechosas; a través de la creación de programas contra el lavado de dinero y definiendo mejor la estrategia contra el lavado de dinero; y al establecer como requisito que cualquier persona que haga negocios presente un informe de cualquier recibo de monedas y moneda extranjera que supere los US$10,000. El subtítulo incluye la introducción de sanciones por violaciones de las órdenes de focalización geográfica y ciertos requisitos de mantenimiento de registros, así como un aumento en las sanciones civiles y penales por lavado de dinero.

El subtítulo B promulgó legislación que permitiría el establecimiento de una red segura que permitiría a las instituciones financieras denunciar transacciones sospechosas y también les proporcionaría notificaciones sobre actividades relacionadas con las transacciones sospechosas. El Subtítulo B también establece la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En virtud del subtítulo, se otorga a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal la autoridad para delegar personal a la función de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el fin de salvaguardar las instalaciones, los terrenos, la propiedad y el personal de cualquier institución de los Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal, que les permite transferir esta autoridad al gobierno de los Estados Unidos. Los bancos de la Reserva Federal. Ordena que todos los directores ejecutivos de instituciones financieras internacionales de los Estados Unidos deben usar su voz y voto para apoyar a cualquier nación que haya tomado medidas para apoyar la guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo. Además, ordena que dichos Directores Ejecutivos deben realizar una auditoría continua de los desembolsos realizados por sus instituciones a fin de garantizar que no se paguen fondos a personas que cometan, amenacen con cometer o apoyen el terrorismo.

Hubo muy poco debate sobre la aprobación del Título III de la Ley Patriota de los Estados Unidos, y la votación final en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos fue de 412-1. Ron Paul, un republicano que actualmente se desempeña como representante de los Estados Unidos por Texas y que fue candidato presidencial del Partido Libertario, fue la única persona que expresó su oposición a una versión anterior de la ley, que se conocía como la Ley Antiterrorista Financiera. En particular, Paul se opuso a una parte que parecía ser muy similar a la sección 356 del subtítulo B. Esta sección obliga a los corredores y distribuidores a informar sobre cualquier acción sospechosa que observen. Frente al Congreso, el congresista Paul declaró:

Las disposiciones de este proyecto de ley que se consideran entre las más objetables incluyen las siguientes: expandir la guerra contra el efectivo al establecer un nuevo delito federal para el acto de traer más de $10,000 en efectivo hacia o desde los Estados Unidos; codificar la autoridad inconstitucional de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) para husmear en las transacciones financieras privadas de los ciudadanos estadounidenses; y ampliar el mandato de los "informes de actividades sospechosas" para incluir a los corredores de bolsa, a pesar de que investigaciones anteriores han demostrado que estos informes no ayudan significativamente a detener a los delincuentes. Debido al hecho de que estas medidas alentarán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a perder el tiempo espiando los registros financieros de estadounidenses inocentes que simplemente muestran un patrón "inusual" en sus transacciones financieras, en realidad desviarán la atención de la lucha contra el terrorismo.

A fin de dotar a las instituciones financieras de inmunidad jurídica frente a la responsabilidad de cualquier divulgación de transacciones o actividades sospechosas a las autoridades autorizadas, o por no notificar a cualquier persona identificada en dicha divulgación, se modificó la Ley de Secreto Bancario. Esta enmienda se hizo con el fin de proteger a las instituciones financieras de la responsabilidad legal. Además, la cláusula hace ilegal que cualquier empleado o propietario de una institución financiera, así como cualquier funcionario o empleado de cualquier rama del gobierno de los Estados Unidos, informe a cualquier persona que haya estado involucrada en una transacción que la transacción ha sido reportada. La prohibición no se aplica a las referencias hechas por los empleados de acuerdo con la Ley Federal de Seguro de Depósitos, en un aviso de terminación por escrito, o en referencias de empleo hechas de acuerdo con las reglas de cualquier organización autorregulada que esté registrada en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Sin embargo, la referencia no debe indicar que la divulgación fue reportada. Es importante destacar que las organizaciones no están obligadas a incluir dicha información en sus avisos de despido o referencias de empleados.

En 2004 se introdujo un cambio en la BSA que obligaba a las instituciones financieras a aplicar procedimientos contra el blanqueo de capitales. Entre los requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones se encuentra la creación de políticas, procedimientos y controles internos; el nombramiento de un oficial de cumplimiento; la implementación de un programa de capacitación continua de los empleados; y el establecimiento de una función de auditoría independiente para evaluar la eficacia de los programas. Una institución financiera que no esté sujeta a las disposiciones de las reglas contenidas en la parte 103 del capítulo 31 del Código de Regulaciones Federales puede estar exenta de la aplicación de esas normas. Al Secretario del Tesoro se le otorga la autoridad para establecer estándares mínimos para estos programas, pero tiene la capacidad de eximir a cualquier institución financiera de la aplicación de esos estándares. Además, la cláusula ordena que el Secretario del Tesoro debe redactar regulaciones que sean "proporcionales al tamaño, la ubicación y las actividades de las instituciones financieras a las que se aplican dichas regulaciones". Los Estados Unidos y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) colaboraron en el desarrollo de estas regulaciones. Las instituciones de depósito no fueron objeto de ataques porque la Ley de Secreto Bancario ya les exige contar con sistemas contra el blanqueo de dinero. El 5 de diciembre de 2001, el Departamento del Tesoro emitió 31 C.F.R. 103.137, y el énfasis principal de esta regulación es obligar a las compañías de seguros a establecer procedimientos contra el lavado de dinero.

El Título 31, sección 5321 del Código de los Estados Unidos establece que aquellos que violen la BSA o una regulación prescrita bajo la BSA están sujetos a sanciones civiles y penales. Estas sanciones se especifican en dos apartados diferentes. El Código de los Estados Unidos y el Título 31, Sección 5322 del Código de los Estados Unidos se ocupan de las sanciones civiles. En el código se discuten las sanciones penales. La Sección 353 de la Ley Patriota ha sido actualizada para ampliar las sanciones que se aplican a los infractores de cualquier orden hecha bajo la BSA. Esta enmienda se aplica a las dos secciones antes mencionadas. Además, se impusieron consecuencias para aquellos que violaron los requisitos que se describieron en la sección 21 de la Ley Federal de Seguro de Depósitos y la sección 123 de la Ley Pública 91-508. De conformidad con las disposiciones de 31 U.S.C. §5324(a), es una violación de los Estados Unidos. Ley para intentar evadir dicha información, para causar o intentar hacer que el informe contenga una omisión material o una declaración errónea de hechos, o para "estructurar o ayudar a estructurar, o intentar estructurar o ayudar a estructurar, cualquier transacción con una o más instituciones financieras nacionales". Esta sección fue modificada para incluir como requisitos de presentación de informes la sección 21 de la Ley Federal de Seguro de Depósitos y la...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 28.4.2025
• Übersetzer: Guilherme Costa
• Sprache: spanisch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-078516-4 / 0000785164
• ISBN-13: 978-0-00-078516-9 / 9780000785169